Diferentes actores del mundo académico coinciden sobre el valor social, cultural e identitario del patrimonio precolombino. En contraste, a pesar del avance de las últimas décadas, el nivel de conciencia de la población todavía es bajo.
Uno de los mayores problemas es el desconocimiento que existe una legislación que protege este patrimonio y por lo tanto no es posible llevarse como recuerdo, por ejemplo, una pieza arqueológica encontrada en cualquier lugar del territorio nacional.
En efecto muy pocos conocen que el patrimonio precolombino está protegido como monumento nacional por la Ley 17.288, que señala que dañar, apropiarse o comercializar vestigios precolombinos (arqueológicos) es un delito que tiene sanciones de multas y penas privativas de libertad.
Aunque esta ley fue promulgada en 1970 (¡hace más de 50 años¡), solo en la última década se ha podido apreciar el despliegue del Estado en relación a su aplicación.
En el año 2002 la Policía de Investigaciones de Chile (PDI) creó la Brigada Investigadora de Delitos Contra el Medio Ambiente y Patrimonio Cultural (BIDEMA) que ha perseguido delitos que afectan al patrimonio precolombino. Informes de la institución señalan que se “han incautado 24.321 especies arqueológicas y paleontológicas en el periodo correspondiente entre los años 2010 y 2016” (Monumentos.cl 23-06-2017).
Para poner el problema bajo una perspectiva global, hay que destacar que el fenómeno del saqueo o vandalización de las manifestaciones culturales, ha formado parte de la actividad humana en todas las épocas, fenómeno que se acrecienta con los conflictos bélicos.
Desde Latinoamérica hemos exportado la palabra huaqueo (quechua). El concepto denomina las acciones de saqueo en sitios arqueológicos, que los denominados huaqueros realizan con el fin de obtener piezas para su comercialización. Este fenomeno social es especialmente fuerte en países con una gran riqueza arqueológica como Peré y Bolivia, donde esta actividad, en ciertos casos, es realizada por familias especializadas durante generaciones.
La mayoría de las piezas arqueológicas obtenidas ingresan a un mercado global, donde solo una parte minoritaria en forma legal incluyendo permisos, certificados y lugar de procedencia. En cambio a mayoría de las piezas se comercializa en forma ilegal, gracias a una larga red de intermediarios.
La United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) señala que “como sucede con numerosos mercados ilícitos, los países fuente suelen ser países en desarrollo, mientras que los países mercado son más ricos, países desarrollados”. (Unodc.org)
Lamentablemente el patrimonio precolombino también es dañado por gestores locales, muchas veces con intenciones positivas aunque asumiendo roles reservados a investigadores o instituciones especializadas, que cuentan con los respectivos permisos y autorizaciones.
El 2017 la PDI de Coyhaique detuvo a una persona que tenía en su domicilio piezas de interés patrimonial “configurándose en el acto los delitos flagrantes de Infracción a la Ley N° 17.288 de Monumentos Nacionales, al encontrar elementos de interés arqueológico y paleontológico como puntas de lanza, ostras fosilizadas, boleadoras, entre otras” (Eldivisadero.cl 07-07-2017).
En este caso, el accionar de la PDI fue objeto de rechazo entre organizaciones locales, las cuales calificaron la detención como “un peligro para los avances en materia de protección del patrimonio cultural material” (Eldivisadero.cl 11-07-2017).
Por su parte la Sociedad de Historia y Geografía de Aysén califico el accionar de la PDI como “muy apegada a la ley vigente en materia de protección del patrimonio cultural, pero que no respeta al poblador y su esfuerzo por proteger estos bienes comunes”.
En rigor son muchos los casos que colecciones privadas pasaron a constituirse en museos y de esta forma transformando su patrimonio en un bien social. Uno de los casos más destacados es la colección de la familia Larraín, que constituye la base del actual Museo Chileno de Arte Precolombino. Destaca además el Museo Arqueológico de Santiago, fundado a partir de las colecciones de Manuel Santa Cruz y Hugo Yaconi y el Museo Andino en base a la colección de Ricardo Claro.
La solución al problema de la protección del patrimonio precolombino no es única. Lo que está claro es que el trabajo de instituciones, autoridades e investigadores no es suficiente, sino también es necesario que la población en general valore y participe conscientemente en su protección.
